Después de un proceso marcado por inconsistencias administrativas y decisiones contradictorias, el Gobierno de Chubut terminó restituyendo a Red Chamber Argentina la operación de la planta y los buques de la ex Alpesca, bienes que habían sido entregados provisoriamente al Grupo Profand apenas 45 días atrás. La reversión se produce tras la caída del plan oficial para crear nuevos permisos de pesca y en medio de un complejo entramado judicial y político.
Una ruptura contractual que duró poco
En febrero, la Secretaría de Pesca—conducida por Andrés Arbeletche—había declarado concluido el acuerdo que desde 2015 permitía a Red Chamber operar los activos de Alpesca, empresa que se encuentra bajo proceso de expropiación desde 2014. La firma estadounidense impugnó esa decisión, pero el 5 de septiembre fue notificada del Decreto N.º 1051, que rechazó su recurso jerárquico y confirmó la extinción del contrato de arrendamiento y charteo.
Como consecuencia, Red Chamber abandonó la planta el 30 de septiembre. Al día siguiente ingresó Pesquera Deseado, del Grupo Profand, que había firmado un contrato de explotación por 20 años, el cual requería ser ratificado por la Legislatura, trámite que nunca llegó a concretarse.
Judicialización, denuncias cruzadas y un clima de tensión
El conflicto escaló rápidamente. Red Chamber inició acciones judiciales contra la Provincia en distintos fueros, mientras que en Estados Unidos presentó una demanda contra Profand por presunto espionaje previo a su ingreso a Alpesca. En esa causa apareció nombrado el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, señalado por la empresa como supuesto solicitante de sobornos, una acusación que se remontaría a marzo.
Paralelamente, la compañía anunció en septiembre un entendimiento con el Gobierno de Chubut para invertir en una planta pesquera dentro de la zona franca de Trelew, a cambio de recibir determinados activos provinciales.
El fallido intento de crear nuevos permisos
En esas semanas trascendió que el Ejecutivo estudiaba habilitar dos nuevos permisos de pesca mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, alternativa que finalmente fue descartada.
Luego, el 7 de noviembre ingresó a la Legislatura el Proyecto de Ley N.º 131/2025, que buscaba aumentar de 40 a 42 las licencias de la flota amarilla por esta temporada. La iniciativa recibió un rechazo inmediato por parte de cámaras empresarias como CAFACh, CAPIP, Del Golfo San Jorge y Conarpesa, además de los gremios STIA, Capitanes, Patrones y Siconara. En ese contexto, el 10 de noviembre Arbeletche anunció el retiro del proyecto.
Ese mismo día, el gobernador Ignacio Torres reunió a dirigentes sindicales para defender la idea de crear nuevos permisos, aunque admitió que por el momento el debate quedaba en suspenso.
Una jornada frenética y múltiples rectificaciones
El viernes 14 de noviembre se convirtió en un punto de inflexión. Primero, la Secretaría de Pesca habilitó la temporada de langostino desde el día siguiente mediante la Resolución N.º 0687. Horas después, dejó sin efecto el contrato firmado con Profand a través de la Resolución N.º 0688.
Inmediatamente, Arbeletche emitió la Resolución N.º 0689, basada en un acuerdo conciliatorio alcanzado entre la Provincia y Red Chamber ante el Superior Tribunal de Justicia. Allí se estableció que la empresa norteamericana debía retomar la explotación de la planta industrial de Alpesca.
En una decisión llamativa, el funcionario prorrogó hasta el lunes siguiente la operación de los cinco permisos de flota amarilla para Profand, nominando los buques Anave, Deseado, Don Giuliano, Santorini y San Giuseppe II. Sin embargo, ese mismo sábado por la noche envió a Prefectura una nueva nómina que dejaba sin efecto a esos barcos y los reemplazaba por el Baffetta, Doña Alfía, Euro II, Fiesta y Fides Fe I.
Paro gremial, conciliación obligatoria y un final provisional
La noche del viernes, varios sindicatos declararon un paro total en rechazo al regreso de Red Chamber, aunque la flota igualmente no zarpó por razones climáticas. Al día siguiente, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y se restableció la “paz social”, permitiendo la reanudación de las operaciones.
El resultado fue un cierre abrupto de un ciclo turbulento, con decisiones que expusieron falencias de gestión, falta de coordinación institucional y una administración pesquera provincial debilitada, que terminó desandando cada una de las medidas que había adoptado semanas atrás.
