El aumento del 6% en el precio del combustible durante marzo, impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio que llevó el barril de petróleo a superar los 100 dólares —e incluso rozar los 119 la semana pasada— golpea de lleno a una actividad como la pesquera, donde el gasto en combustible representa uno de los costos estructurales más relevantes.
Desde la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCYF) encendieron señales de alerta hacia el cierre de la semana pasada. Mediante un comunicado, advirtieron que el sector atraviesa una situación crítica, atravesada por “la ausencia total de respuestas del Gobierno nacional ante la suba sostenida del combustible y un esquema de abastecimiento que limita la operatoria”.
Los indicadores económicos del sector reflejan con claridad el deterioro. Según señalaron, en 2010 el valor de un kilo de corvina permitía adquirir cerca de 1,5 litros de combustible, mientras que en la actualidad apenas alcanza para 0,98 litros. A esto se suma un incremento del 86% en el gasoil desde diciembre de 2023, configurando una ecuación que califican como “inviable”.
En paralelo, los costos operativos continúan en alza mientras que los precios de venta se mantienen prácticamente sin cambios. Este desfasaje empuja a la flota hacia una progresiva paralización, con consecuencias directas sobre el empleo, las familias vinculadas a la actividad, las plantas de procesamiento y los servicios portuarios. En ese contexto, las descargas de variado costero —principal recurso de esta flota— cayeron cerca de un 40% en el primer bimestre del año respecto a 2025.
Además, el sector puso el foco en el esquema de comercialización vigente en el puerto de Mar del Plata, donde sostienen que la empresa Zona Común SA concentra las operaciones, condicionando precios y volúmenes en un contexto con escasa competencia.
En esa línea, indicaron que mantuvieron reuniones con representantes de la firma, aunque sin avances concretos. “La falta de soluciones consolida un sistema que deja a la flota sin capacidad de reacción”, afirmaron.
Desde la empresa proveedora de combustible rechazaron las acusaciones de exclusividad y negaron la falta de competencia. Aseguraron que existen otras compañías habilitadas para operar en el puerto, aunque remarcaron que las condiciones de comercialización están atadas a exigencias de pago inmediato por parte de las petroleras, lo que dificulta ofrecer financiamiento extendido.
Por su parte, los armadores costeros también cuestionaron la inacción de las autoridades. “El silencio del Gobierno nacional frente a este escenario no hace más que profundizar la crisis. No intervenir también es una forma de tomar posición”, expresaron desde la entidad.
El planteo ya fue elevado formalmente a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, así como a organismos provinciales y municipales. Desde la AEPCYF advirtieron que la falta de respuestas tiene consecuencias concretas: cada barco que deja de operar impacta en el empleo en tierra, reduce la actividad industrial y debilita el entramado portuario. El sector aguarda definiciones urgentes para evitar que el riesgo de paralización se transforme en un hecho consumado.
