La cámara CAPEAR ALFA expresó su apoyo a la Asociación de Embarcaciones Costeras y advirtió que la aplicación estricta del REGINAVE pone en riesgo la operatividad, el empleo y la competitividad del sector.
La exigencia de incorporar un segundo patrón en los buques costeros volvió a abrir un frente de tensión entre la normativa vigente y la realidad operativa de la pesca argentina. A través de un comunicado, CAPEAR ALFA manifestó su respaldo a la Asociación de Embarcaciones Costeras y Fresqueras y pidió una revisión urgente del criterio con el que se aplica el Decreto N° 4516/73, incorporado al REGINAVE, por su impacto directo sobre la actividad.
Según planteó el sector empresario, la obligación reglamentaria genera dificultades concretas para la operatoria diaria de la flota costera y fresquera. En abril de 2026, la cámara advirtió que sumar un segundo patrón implica una carga adicional sobre la organización de las tripulaciones, en un contexto atravesado por costos crecientes, escasez de personal y mayores exigencias de mercado.
El reclamo también pone el foco en una norma que rige desde 1973 y que, de acuerdo con las cámaras, durante años fue aplicada con criterios de adecuación práctica por parte de la Prefectura Naval Argentina. En ese marco, el sector recordó como antecedente la Disposición N° 30/2014, firmada por el entonces Prefecto Nacional Naval, PG Martín Ruiz, que habilitó al marinero familiarizado a participar en las guardias de navegación bajo supervisión.
Para los armadores, esa resolución permitió sostener un esquema compatible con la seguridad y con las características reales de la flota. Por eso, consideran necesario recuperar un criterio de proporcionalidad entre la dotación exigida, las condiciones de trabajo a bordo y la escala de los buques costeros.
El comunicado señaló además tres efectos principales de la aplicación estricta del régimen original: la limitada disponibilidad de oficiales habilitados, las restricciones de espacio y habitabilidad en este tipo de embarcaciones, y la pérdida de competitividad frente a otros países de la región.
En ese sentido, CAPEAR ALFA citó el caso de Uruguay como referencia para sostener que es posible actualizar criterios regulatorios sin resignar seguridad. La entidad recordó que ese país modificó su normativa y eliminó la exigencia rígida del segundo patrón en buques pesqueros, lo que —según la mirada empresaria— demuestra que pueden adoptarse cambios compatibles con la navegación segura y con mejores condiciones para competir en los mercados internacionales.
La posición de las cámaras concluye con un pedido formal a la autoridad marítima para revisar la medida bajo parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación operativa. El objetivo, señalan, es evitar que una obligación de difícil cumplimiento termine profundizando las dificultades de una flota que ya enfrenta una situación económica delicada y con cada vez menor margen para sostener su actividad.
