El Gobierno nacional formalizó una actualización en los lineamientos de fiscalización pesquera con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control en toda la costa argentina. A través de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera (DNCyFP), se dispuso que los inspectores federales vuelvan a ejercer plenamente sus funciones en puertos bajo jurisdicción provincial, una medida que reordena procedimientos vigentes y restituye competencias expresamente previstas en el Régimen Federal de Pesca.
La decisión se comunicó mediante una nota interna firmada por el titular de la DNCyFP, Arturo Idoyaga Molina, que revisa el criterio operativo aplicado desde 2020 y reafirma la validez del marco legal que habilita la intervención federal en puertos provinciales para garantizar el cumplimiento normativo, la verificación de descargas y la veracidad de las declaraciones juradas.
Un proceso de actualización normativa en línea con la agenda institucional del Gobierno
La medida se enmarca en un proceso más amplio de revisión y modernización de los sistemas de fiscalización estatal. Fuentes oficiales explicaron que el objetivo es asegurar “criterios homogéneos, previsibilidad institucional y trazabilidad administrativa” en un sector estratégico para la economía nacional.
En este sentido, la actualización de criterios busca dar mayor claridad al funcionamiento de los controles en un escenario donde la superposición de competencias y la diversidad de prácticas provinciales habían generado interpretaciones dispares y un funcionamiento heterogéneo del sistema.
Compatibilidad constitucional y federal
El documento emitido por la DNCyFP recuerda que, si bien el artículo 124 de la Constitución Nacional otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en su territorio, esa disposición convive con la Ley 24.922, que establece un Régimen Federal de Pesca basado en la cooperación interjurisdiccional y la administración integrada de los recursos vivos del mar argentino.
En esa normativa se sustenta la facultad de la Autoridad de Aplicación para implementar controles en cualquier puerto argentino habilitado, a fin de asegurar:
- Determinación fehaciente de capturas.
- Verificación de documentación asociada.
- Control del cumplimiento del marco normativo federal.
La disposición también aclara que la actuación del Cuerpo de Inspectores Nacionales no altera las responsabilidades sancionatorias de las provincias, que continúan vigentes, sino que apunta a fortalecer la articulación entre niveles de gobierno.
Profundización de la trazabilidad y transparencia del sector
La instrucción interna ordena incrementar la presencia de inspectores nacionales en los puertos provinciales que se consideren necesarios, con el fin de asegurar niveles de control consistentes a lo largo de todo el litoral. De esta manera, la Nación busca consolidar un sistema de fiscalización que elimine zonas grises y facilite la trazabilidad de la información generada por las descargas.
El Gobierno considera que la modernización de los mecanismos de control permitirá dotar de mayor claridad procedimental a un sector clave para la generación de divisas y la sostenibilidad de los recursos marinos.
Un paso hacia la consolidación del trabajo conjunto entre Nación y provincias
La actualización de criterios no solo busca garantizar la correcta aplicación del Régimen Federal de Pesca, sino también reforzar el funcionamiento cooperativo entre administraciones nacionales y provinciales. Según trascendió, la medida será presentada en el ámbito del Consejo Federal Pesquero para avanzar en consensos técnicos que permitan unificar prácticas, evitar duplicidades y fortalecer la gobernanza del sector.
Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca señalaron que el rediseño de los controles forma parte de la agenda institucional 2025, cuyo objetivo central es “ordenar, transparentar y modernizar los sistemas de administración de los recursos marinos”, en línea con estándares internacionales de gestión y con las recomendaciones de organismos técnicos especializados.
La decisión de reactivar la presencia federal en puertos provinciales marca un punto relevante en la política pesquera argentina y anticipa una etapa de mayor coordinación interjurisdiccional, en la que la Nación y las provincias buscarán un equilibrio operativo que garantice la sostenibilidad del recurso y la integridad del sistema de control.
