Un reciente pronunciamiento de la La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo volvió a encender sospechas de presiones externas, maniobras poco transparentes y un intento evidente de desconocer la voluntad expresada por miles de trabajadores marítimos. ¿Por qué tanta insistencia en cuestionar el proceso electoral más ordenado y participativo de los últimos años? ¿Quién mueve los hilos detrás de esta embestida?
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) atravesó comicios ejemplares: amplios, ordenados y con un nivel de participación inusual. La Lista 22 Naranja se impuso de forma contundente en todo el país, sin objeciones internas y con un fuerte respaldo de la militancia de base. Sin embargo, apenas finalizado el recuento, volvió a irrumpir el mismo factor que en los últimos tiempos buscó condicionar al gremio: la Justicia laboral federal.
La reciente notificación dirigida al afiliado Luciano Andrés Doria (DOMO 20264087438) y el fallo en el expediente 45775/2025 —en el que la Cámara del Trabajo desestima la revocatoria presentada por el sindicato— reactivaron todas las alertas. Porque lo que está en juego no es un aspecto técnico, sino un trasfondo político.
La Sala, integrada por las juezas Cañal y Fera, persiste en involucrarse en un proceso que no le compete. La Junta Electoral —única autoridad con competencia sobre el acto eleccionario— ya había convalidado todo el desarrollo y ratificado la victoria de la Lista 22 Naranja.
La propia magistrada Cañal reconoce en su voto que el SOMU no tiene poder para suspender elecciones y que esa atribución corresponde de manera exclusiva a la Junta Electoral. Aun así, el tribunal igual rechaza el planteo del sindicato. Admiten que no es materia judicial… pero deciden mantenerla en la órbita judicial.
Si eso no constituye una contradicción intencional, ¿qué lo sería?
Dentro del sindicato la interpretación es unánime: existen intereses económicos y políticos que buscan frenar a un SOMU fuerte, organizado y respaldado democráticamente. Y cuando la decisión de los trabajadores incomoda, emergen expedientes, medidas de último momento y resoluciones que intentan torcer en los tribunales lo que no pudieron revertir en las urnas.
¿Quién gana con un SOMU debilitado?
¿Qué sectores empresariales necesitan un gremio distraído?
¿A qué actores políticos les incomoda una conducción legitimada por miles de afiliados?
Todas las preguntas conducen a la misma conclusión: no se trata de una discusión judicial, sino de una jugada externa.
La Lista 22 Naranja ya anticipó que defenderá el mandato de los trabajadores “hasta las últimas instancias” y que no permitirá que ninguna intervención ajena intente modificar lo que fue definido de manera clara, amplia y democrática en cada puerto del país.
La disputa sindical quedó saldada.
La disputa judicial recién comienza.
Y la pregunta que resuena cada vez con más fuerza es una sola:
¿Se respetará la democracia sindical o continuarán los intentos por disciplinar al SOMU porque no triunfó la opción que algunos esperaban?
