Álvarez Castellano afirmó que la decisión adoptada por el CFP restablece una modalidad de producción que ya había sido aplicada anteriormente a bordo de los buques, sin alterar las condiciones laborales ni los derechos contemplados en los convenios colectivos vigentes.
Conarpesa ratificó que la reciente autorización para incrementar la producción de cola de langostino a bordo de los buques congeladores no modifica las condiciones laborales ni los esquemas salariales vigentes. Desde la empresa sostienen que la decisión del Consejo Federal Pesquero (CFP) restituye una modalidad operativa que ya funcionaba hasta 2022 y que, por lo tanto, no justifica una reapertura de las negociaciones paritarias.
La postura fue expresada por el presidente de la compañía, Fernando Álvarez Castellano, luego de que la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca planteara la necesidad de discutir las remuneraciones ante lo que considera un incremento en las tareas desarrolladas por las tripulaciones.
Para el empresario, el reclamo parte de una interpretación errónea de la medida. “No se modificó ninguna regla de trabajo y los salarios continúan rigiéndose por lo establecido en los convenios colectivos”, aseguró.
La controversia gira en torno a la resolución del CFP que elevó al 50% el límite de producción de cola de langostino a bordo de los congeladores tangoneros. Desde el sector empresarial consideran que esta decisión recupera niveles de procesamiento que habían sido restringidos hace tres años y aporta una mejora en la eficiencia económica de la actividad.
Álvarez Castellano afirmó que las tareas desarrolladas por las dotaciones serán exactamente las mismas que se realizaban antes de la limitación impuesta en 2022. En ese sentido, señaló que, de haberse generado un espacio de diálogo previo, las organizaciones sindicales habrían recibido una explicación detallada sobre el alcance real de la medida.
Según explicó, el nuevo porcentaje autorizado suele generar interpretaciones equivocadas. El límite del 50% no implica que la mitad de toda la captura se convierta en cola de langostino, ya que los rendimientos industriales reducen significativamente ese volumen. De acuerdo con sus estimaciones, cada cien toneladas de langostino capturado permiten obtener alrededor de treinta y dos toneladas de cola procesada.
Ese aspecto resulta clave para evaluar el impacto concreto de la resolución. Si bien se amplía la capacidad de elaboración a bordo, el volumen final depende de factores como el rendimiento industrial, la composición de la captura y las características operativas de cada embarcación.
Desde la óptica empresaria, la medida fortalece el aprovechamiento comercial del recurso sin alterar las condiciones laborales previamente acordadas. Además, consideran que brinda una herramienta para enfrentar un contexto complejo marcado por el aumento de costos operativos, las exigencias del mercado internacional y la necesidad de mejorar la competitividad exportadora.
Álvarez Castellano también vinculó las restricciones aplicadas en 2022 con decisiones adoptadas durante la gestión del entonces subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman. A su entender, aquella medida perjudicó a las empresas del sector y limitó innecesariamente la capacidad productiva de la flota.
En paralelo, el titular de Conarpesa confirmó que continúa impulsando una denuncia judicial contra Liberman y el ex director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez. Indicó que la causa sigue en trámite y que continúa aportando documentación para respaldar sus planteos.
El empresario aclaró que su objetivo no es obtener condenas de prisión, sino que la Justicia determine eventuales responsabilidades administrativas que deriven en la inhabilitación de ambos ex funcionarios para ejercer cargos públicos.
La discusión sobre la ampliación del procesamiento de cola de langostino vuelve a poner sobre la mesa diferencias históricas entre empresas y gremios respecto de cómo deben distribuirse los beneficios derivados de una mayor capacidad productiva. Mientras el sector empresario interpreta la medida como una recuperación de condiciones operativas previas, las organizaciones sindicales sostienen que la decisión merece un análisis sobre sus implicancias laborales y salariales.
El verdadero alcance de la resolución comenzará a medirse durante la temporada, a partir de variables concretas como los volúmenes procesados, los rendimientos obtenidos, el nivel de conflictividad gremial y la capacidad de la flota congeladora para traducir una mayor elaboración a bordo en mejores resultados comerciales para el langostino argentino
