La CGT regional y los gremios marítimos, portuarios y navales manifestaron una fuerte preocupación frente a una iniciativa que, según advirtieron, podría provocar un severo impacto sobre el entramado productivo pesquero de Mar del Plata y poner en riesgo miles de empleos.
La creciente tensión en torno al futuro del esquema pesquero argentino sumó el pasado jueves un nuevo capítulo en Mar del Plata. En una conferencia cargada de preocupación y fuertes advertencias sobre el impacto económico y laboral que podría provocar una modificación en el sistema de cuotas, la CGT Regional Mar del Plata junto a representantes de gremios marítimos, portuarios y navales expusieron públicamente el malestar que atraviesa al sector.
El encuentro se realizó en la sede de la central obrera local y reunió a dirigentes sindicales, referentes vinculados a la actividad portuaria y trabajadores ligados de manera directa al funcionamiento cotidiano del puerto marplatense. A medida que avanzaban las exposiciones, el clima dejó en evidencia que el conflicto ya excede una discusión estrictamente técnica sobre administración pesquera y comenzó a instalarse como una preocupación transversal para gran parte del entramado productivo de la ciudad.
El eje de las críticas estuvo centrado en la posibilidad de habilitar transferencias de cuotas de captura de merluza común desde buques fresqueros hacia congeladores, una alternativa que distintos sectores interpretan como un cambio estructural sobre el modelo de explotación y procesamiento que históricamente sostuvo el empleo en tierra en Mar del Plata.
Lejos de una exposición protocolar, la conferencia estuvo atravesada por diagnósticos duros, referencias a crisis anteriores y una sensación compartida de que el sector atraviesa uno de esos momentos donde las decisiones que se adopten pueden dejar consecuencias de largo plazo. Las distintas intervenciones terminaron confluyendo sobre una misma advertencia: detrás de la discusión por las cuotas no solamente se debate el negocio pesquero, sino el volumen de actividad que mantiene en funcionamiento a buena parte de la economía local.
José Luis Rocha, secretario general de la CGT Regional, sintetizó esa preocupación al advertir que un deterioro de la actividad portuaria implicaría un golpe directo sobre la economía marplatense. “Si a nosotros nos dejan sin actividad portuaria, nos están sacando el 30% de la economía o más de nuestra ciudad”, afirmó. Detrás de esa definición apareció una idea repetida por distintos sectores del puerto: cada barco fresquero que deja de operar arrastra empleo embarcado, trabajo en tierra, logística, talleres, estiba, fileteado y consumo interno.
En ese contexto, varias exposiciones apuntaron a diferenciar el impacto económico generado por la flota fresquera respecto del modelo congelador. La principal preocupación radica en que un eventual corrimiento de cuotas termine trasladando procesamiento y generación de empleo fuera de tierra.
Pablo Trueba, secretario general del SIMAPE, recordó que la disputa por el modelo pesquero ya había comenzado durante el tratamiento de la Ley Bases y sostuvo que ahora el debate reaparece dentro del Consejo Federal Pesquero. “Cuando no pudieron avanzar por un lado, iban a venir por otro”, planteó el dirigente. Según expresó, el punto central continúa siendo “el traspaso de la cuota de los fresqueros a los congeladores”, una resolución que —remarcó— “todavía sigue viva”.
Trueba también cuestionó la falta de interlocución política con el Gobierno nacional. “Hoy no tenés un interlocutor válido”, señaló, dejando expuesta otra de las incertidumbres que atraviesan al sector: cuál es el horizonte que se busca para la actividad pesquera argentina.
Con el avance de las intervenciones comenzó a quedar claro que el conflicto no es leído únicamente desde el impacto sobre la flota fresquera, sino también desde las consecuencias sobre toda la estructura laboral que depende del movimiento portuario. “La flota fresquera es la que le da trabajo a tierra”, insistió Carlos Mezzamico, secretario general del SUPA, al advertir que un eventual corrimiento de permisos hacia grandes congeladores podría reducir progresivamente la actividad en muelle, estiba y procesamiento.
“Si se cae el puerto, nos caemos todos”, resumió el dirigente portuario, en una de las frases que mejor condensó el espíritu de la conferencia.
La preocupación por el empleo en tierra también atravesó las exposiciones. Marcela Ibarola, secretaria gremial del SOIP, sostuvo que el sector ya viene golpeado por cierres de plantas, pérdida de puestos efectivos y crecimiento de la precarización laboral. En ese escenario, advirtió que una reducción del volumen de procesamiento podría representar “el desenlace final” para numerosos trabajadores. “Sería la muerte total del trabajador en tierra”, afirmó, al tiempo que señaló que en los últimos tres años se perdieron entre 600 y 700 empleos efectivos dentro de la actividad.
Sobre el cierre, Cristian Guillén, delegado del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca, endureció aún más el tono al definir el escenario como “un industricidio”. Según sostuvo, detrás de las modificaciones en discusión existe un proceso de concentración que “no solamente es contra la industria, sino también contra la soberanía”.
El dirigente también cuestionó posibles cambios vinculados a las dotaciones de seguridad en los buques y dejó una frase que atravesó el cierre de la conferencia: “Atrás de cada compañero que sale a navegar hay una familia esperando”.
Aunque cada referente expuso desde problemáticas distintas, todas las intervenciones confluyeron en un mismo punto: la percepción de que el puerto atraviesa una discusión que puede redefinir su perfil productivo hacia adelante. Y en una ciudad donde la actividad marítima continúa siendo uno de los principales motores económicos y sociales, el temor que comenzó a instalarse es que las consecuencias ya no queden limitadas únicamente al sector.
En paralelo, el reclamo sindical enfrenta además otro desafío delicado: preservar su centralidad productiva, operativa y económica frente al riesgo de quedar absorbido por la lógica más amplia de la disputa política. La preocupación planteada por gremios marítimos, portuarios y navales tiene un punto de partida concreto —el impacto operativo, laboral e industrial de una eventual modificación en el régimen de cuotas—, aunque su ingreso al terreno público también abre la posibilidad de que otros actores intenten reinterpretarlo bajo claves partidarias ajenas al funcionamiento cotidiano del puerto.
En ese desplazamiento aparece una de las zonas más sensibles del debate: cuanto más se politice la representación del conflicto, mayor será el esfuerzo necesario para que el planteo conserve su consistencia original como advertencia nacida desde el corazón de una industria que sostiene empleo, procesamiento en tierra y movimiento económico para toda la ciudad.
