Los representantes legales de la lista opositora presentaron un recurso ante la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires. Sostienen que la Junta Electoral actuó de manera parcial y que sus decisiones terminaron por excluirlos del proceso electoral del gremio.
Los apoderados de la Lista Verde y Azul, Sandra Villarreal y José Luis Guerrero, recurrieron a la Justicia y presentaron una acción ante la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires. El tribunal deberá resolver ahora si hace lugar al planteo de los trabajadores.
La presentación solicita que se declare la nulidad del proceso electoral, al sostener que la Junta Electoral habría actuado de manera parcial, brindando información privilegiada a la lista oficialista y perjudicando a la oposición, además de disponer su exclusión de los comicios.
Como medida cautelar, los representantes de la agrupación pidieron suspender el proceso electoral previsto para el 18 de septiembre, argumentando que la situación afecta las condiciones de ejercicio de la libertad sindical y que resulta necesario garantizar una participación democrática y amplia de los afiliados.
La controversia se inició el 4 de agosto, cuando la Junta Electoral del SOIP resolvió no oficializar la Lista Verde y Azul para las elecciones. El argumento utilizado fue la presentación fuera de término del certificado de antecedentes penales correspondiente a una de las candidatas.
Dos días después, el 6 de agosto, el órgano electoral rechazó el recurso presentado por la oposición y mantuvo la exclusión. Según los apoderados, la Junta evitó abordar el planteo principal referido a si dicho certificado constituye efectivamente un requisito legal y se limitó a considerar que el reclamo había sido presentado fuera de plazo.
En el escrito presentado ante la Cámara, los representantes de la lista cuestionaron duramente el accionar de la Junta Electoral y señalaron que la agrupación fue afectada en sus derechos de participación y democracia sindical. También denunciaron un procedimiento que, según sostienen, habría sido irregular, parcial y carente de transparencia.
La oposición fue más allá y sostuvo que la Junta Electoral terminó funcionando como un instrumento favorable a la conducción oficialista, con el objetivo de garantizar su continuidad y limitar las posibilidades de participación de otras listas.
Entre los argumentos expuestos, los apoderados señalaron que el 27 de julio la Junta Electoral había realizado observaciones sobre la documentación de los candidatos, pero que en ese momento no figuraba el requisito relacionado con la acreditación de no registrar inhabilitaciones o antecedentes desfavorables en los ámbitos civil, penal, administrativo o laboral.
Según la presentación, la exigencia de acompañar certificados de antecedentes penales y de inhibiciones civiles fue incorporada posteriormente y no estaba contemplada en los requerimientos originales de la convocatoria. La oposición sostiene además que ni el estatuto del gremio ni la normativa invocada establecían ese requerimiento en esos términos y que la Junta Electoral no tendría facultades para modificar las condiciones de la convocatoria una vez iniciado el proceso.
Pese a que la Lista Verde y Azul presentó la documentación solicitada, incluso aquella requerida posteriormente, la Junta resolvió finalmente no oficializar la nómina.
Ahora, en un escrito de 49 páginas, los representantes de la agrupación buscan que la Justicia revise lo actuado por el órgano electoral y deje sin efecto la exclusión. El planteo cuestiona la legalidad del procedimiento y sostiene que la decisión impugnada vulneró el derecho de participación de los afiliados y las garantías de democracia sindical.
