El sector pesquero de Caleta Paula atraviesa un escenario de alta conflictividad luego de que la FEPA rechazara la implementación de controles médicos obligatorios como condición para percibir un aumento salarial. La decisión encendió alarmas en el ámbito empresario, que advierte sobre los riesgos para la vida humana en los puertos y la necesidad urgente de reforzar las condiciones de salubridad e higiene laboral.
La seguridad laboral, la salubridad y las condiciones de higiene en la industria pesquera quedaron en el centro de un conflicto de alto voltaje que, por estas horas, paraliza la operatoria en Caleta Paula. La disputa, que venía escalando en medio de una negociación salarial tensa, terminó de estallar tras la difusión de un video captado por cámaras de seguridad del puerto.
Las imágenes, registradas el domingo 22 de marzo a las 20, se convirtieron en el detonante del escándalo. En la grabación se observa cómo delegados de base habrían presionado para permitir el ingreso a la zona operativa de un estibador que había dado positivo en un control de alcoholemia. El material expuso con crudeza una problemática que el sector empresario viene denunciando desde hace tiempo.
“Es la primera vez que vemos a un sindicato defender el consumo de alcohol y sustancias en un ámbito laboral de riesgo”, señalaron con preocupación referentes empresariales tras la viralización del video. Desde ese sector advierten que la negativa a implementar controles preventivos implica un riesgo extremo: operar grúas, manipular cargas de gran porte y desplazarse en muelles bajo efectos de alcohol o drogas puede derivar en consecuencias fatales.
El conflicto tiene como telón de fondo la liquidación de un incremento salarial del 15% acordado en paritarias. Las empresas condicionaron su pago a la realización de exámenes médicos y controles de alcoholemia, una exigencia que fue rechazada por la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos. Desde el gremio argumentan que estas medidas resultan discriminatorias y vulneran derechos vinculados a la legislación de salud mental.
En paralelo, fuentes del sector indicaron que parte del personal —como trabajadores de banquina chica, guincheros y capataces— ya percibe el aumento tras haber cumplido con los estudios requeridos, lo que evidencia que el esquema de control ya se encuentra vigente en algunos segmentos de la actividad.
Los datos oficiales refuerzan la preocupación por las condiciones de seguridad. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el rubro de Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca presenta una incidencia de 63,1 accidentes cada mil trabajadores, posicionándose entre los de mayor riesgo. Este escenario obliga a las empresas a sostener políticas estrictas de prevención y asumir costos elevados en materia de aseguramiento.
El trasfondo: la “plástica” y el empleo irregular
Detrás de la resistencia sindical a los controles también emerge otra problemática estructural: el sistema conocido como “la plástica”, la credencial habilitante para desempeñarse como estibador. Según fuentes vinculadas a la administración portuaria local, existiría un circuito informal en el que titulares alquilan estas credenciales a terceros, reteniendo parte del salario.
Los controles médicos y de identidad habrían comenzado a exponer estas irregularidades: aseguran que más del 60% del padrón no alcanza siquiera un 40% de asistencia anual efectiva. Desde el ámbito empresario sostienen que la exigencia de cumplir con la normativa deja al descubierto esquemas de tercerización precaria que el gremio evita regular por su impacto interno.
Una pulseada con riesgos concretos
Mientras el conflicto continúa sin resolución, el debate ya se instaló con fuerza en Caleta Paula. La negativa gremial frente a los controles reabre una discusión de fondo sobre los límites entre la defensa de derechos laborales y la responsabilidad de garantizar condiciones seguras en entornos de alta peligrosidad.
En un contexto donde cada decisión puede tener consecuencias irreversibles, la tensión crece y el desenlace permanece abierto.
