Una trabajadora de la Delegación Provincial de Pesca de Caleta Olivia afirmó que durante varios días advirtió sobre el desvío de merluza con destino a Mar del Plata, sin recibir respuestas. Ante la inacción, elevó la denuncia al Ministerio de Seguridad, lo que derivó en un operativo en el que se decomisó un cargamento irregular. Además, cuestionó la falta de controles por parte de distintos organismos.
El Gobierno de Santa Cruz interceptó un camión que transportaba más de 20 mil kilos de pescado fresco sin documentación ni control sanitario, en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional N°3, en el acceso norte a Caleta Olivia. La carga, que tenía como destino final Mar del Plata, fue decomisada y será destinada a fines sociales.
El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada del lunes en el marco de un control de rutina, con la participación de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, el área de Transporte, la Policía Provincial y el Municipio local.
Según informó el titular del área de Pesca, Sergio Klimenko, el camión trasladaba pescado recientemente descargado de embarcaciones de la flota amarilla, sin haber pasado por plantas procesadoras radicadas en la provincia.
“Ese pescado salió directo del barco y se iba sin ningún control a Mar del Plata”, afirmó.
Durante la inspección, las autoridades detectaron múltiples irregularidades: la carga carecía de guía de tránsito, no contaba con certificación del SENASA y tampoco presentaba documentación respaldatoria válida, más allá de dos remitos.
Desde el organismo remarcaron que la maniobra viola la normativa vigente en Santa Cruz, que obliga a procesar en plantas locales toda captura realizada en aguas provinciales. En este caso, el producto era trasladado sin ningún tipo de tratamiento previo.
Klimenko advirtió además sobre los riesgos sanitarios de este tipo de prácticas, al no poder garantizarse la trazabilidad ni las condiciones de conservación durante el traslado.
“El camión iba a recorrer más de 24 horas. No sabemos si se detiene, cuánto tiempo permanece el pescado en tránsito ni en qué condiciones. Así, la trazabilidad no es confiable”, sostuvo.
El volumen decomisado fue significativo: 650 cajones de aproximadamente 35 kilos cada uno, lo que supera las 20 toneladas de pescado fresco. Tras la incautación, el camión quedó bajo custodia con el sistema de frío en funcionamiento para preservar la calidad del producto.
Posteriormente, se determinó que la carga sea destinada a fines sociales. El Municipio de Caleta Olivia se encargará de trasladarla a una planta local para su procesamiento y posterior distribución a través del área de Acción Social.
Desde la Secretaría de Pesca destacaron que, al haberse monitoreado el recorrido del producto desde la descarga hasta su interceptación, se pudo garantizar su aptitud para el consumo.
Un circuito que trasciende el caso
Más allá del procedimiento, el episodio vuelve a poner en foco un circuito irregular que, según coinciden fuentes del sector, funcionaría con frecuencia semanal. Se trataría de entre tres y cinco camiones que parten desde Santa Cruz hacia Mar del Plata, abasteciendo plantas del circuito marginal cuestionadas por sus condiciones sanitarias y operativas.
Esta operatoria no solo representa un riesgo para la seguridad alimentaria, sino que también genera una competencia desleal para las empresas que cumplen con la normativa vigente.
En ese contexto, la detección de este cargamento deja de ser un hecho aislado y pasa a interpretarse como parte de un esquema presuntamente sostenido en el tiempo. Incluso, no se descarta que parte de ese pescado termine procesado en filets con destino de exportación, lo que abre interrogantes sobre toda la cadena de control.
La situación expone posibles fallas sistemáticas en los mecanismos de fiscalización, trazabilidad y control sanitario y comercial, desde el origen del recurso hasta su eventual salida al exterior.
Controles bajo la lupa
Si bien el operativo fue valorado por su resultado, dentro del sector persisten fuertes cuestionamientos sobre la eficacia de los controles. Distintos actores señalan que este tipo de maniobras no podría sostenerse sin algún grado de omisión o falta de coordinación entre organismos.
En ese entramado aparecen múltiples organismos con competencia en la materia, como áreas de pesca, bromatología, inspección general, destacamentos viales, SENASA, gobiernos provinciales, municipios, aduana y CNRT.
Mientras tanto, el caso vuelve a dejar al descubierto un negocio millonario que, de no ser detectado, hubiera permitido que más de 20 toneladas de pescado ingresaran al circuito informal sin ningún tipo de control.
La intervención, en este caso, permitió recuperar la mercadería y redirigirla a un destino seguro. Pero también reabre una discusión de fondo: cuántas operaciones similares logran concretarse sin ser detectadas cuando los controles no alcanzan.
