Representantes de empresas, cámaras y organizaciones sindicales vinculadas a la actividad pesquera expresaron un rechazo conjunto al proyecto de otorgamiento de nuevos permisos para la pesca de calamar. Acompañados por otros gremios marítimos y portuarios, sostienen que la iniciativa podría profundizar las asimetrías entre los puertos y reducir la competitividad de Mar del Plata frente a las terminales patagónicas. A las críticas también se sumó una concejal del bloque radical.
El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y la Federación de Cooperativas de Actividades Portuarias de Mar del Plata (Fecooaport) iniciaron una acción judicial para solicitar la nulidad de la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero (CFP), norma que habilita la presentación de proyectos para acceder a nuevos permisos de pesca de calamar mediante buques poteros.
Las entidades sostienen que el mecanismo de evaluación previsto en la resolución establece criterios que perjudican a Mar del Plata y favorecen a los puertos patagónicos, generando una situación de desigualdad en la asignación de los futuros permisos.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal luego de una conferencia de prensa desarrollada en la sede de la Federación y contó con el acompañamiento de la Mesa Bonaerense de la Pesca, espacio que reúne a distintos gremios del sector. También participaron el presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, y el asesor legal del SUPA, Fernando Herrera.
Al reclamo se sumaron además las empresas de estiba que operan en el puerto marplatense, impulsando una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución por considerar que vulnera los intereses económicos y laborales de la ciudad.
La iniciativa judicial recibió el respaldo de diversas organizaciones vinculadas a la actividad pesquera y portuaria, entre ellas FEPA, cámaras de servicios portuarios, SIMAPE, SOMU, SAON y SOIP, que coincidieron en cuestionar los criterios adoptados por el Consejo Federal Pesquero.
La Resolución 6/2026 fue aprobada a comienzos de junio con el voto en contra del representante de la provincia de Buenos Aires y establece un sistema de evaluación para seleccionar proyectos destinados a la incorporación de nuevos buques poteros a la pesquería de calamar.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ponderación territorial prevista en la norma. Según el esquema aprobado, los proyectos vinculados con Tierra del Fuego pueden obtener hasta 30 puntos, mientras que aquellos radicados en la provincia de Buenos Aires alcanzan un máximo de 10 puntos, diferencia que los demandantes consideran determinante para el resultado del proceso de selección.
El abogado del SUPA, Fernando Herrera, cuestionó duramente la medida y sostuvo que la resolución representa un trato discriminatorio hacia el principal puerto pesquero del país. En ese sentido, advirtió que, de mantenerse el régimen vigente, podría resentirse la actividad económica vinculada a la descarga y procesamiento del calamar en Mar del Plata.
Desde el sindicato, el secretario general Carlos Mezzamico afirmó que la resolución presenta objeciones jurídicas y constitucionales, además de cuestionar la solidez de los fundamentos técnicos y científicos que respaldaron su aprobación. También sostuvo que el procedimiento podría afectar el patrimonio de empresas y trabajadores vinculados a la actividad portuaria local.
Los dirigentes remarcaron que Mar del Plata continúa siendo uno de los principales puertos de descarga de calamar del país. Durante la temporada 2025 concentró cerca de 53.000 toneladas sobre un total nacional de 188.000, aunque la actividad registró una merma cercana al 45 % debido al cierre anticipado de la pesquería por la ausencia del stock bonaerense-norpatagónico.
El rechazo a la resolución también encontró respaldo en el ámbito político. La concejal radical Vilma Baragiola presentó un proyecto para que el Honorable Concejo Deliberante exprese formalmente su oposición a la Resolución 6/2026 y solicite la suspensión de sus efectos hasta que se den a conocer los estudios técnicos, científicos, económicos y ambientales que fundamentaron la medida.
La iniciativa legislativa reclama además la revisión de los criterios de evaluación previstos para la adjudicación de los nuevos permisos de pesca y plantea que las decisiones sobre una actividad estratégica para la economía regional deben garantizar condiciones de competencia equitativas entre todos los puertos del país.
Baragiola sostuvo que el Puerto de Mar del Plata constituye el principal complejo pesquero argentino y advirtió que cualquier medida que afecte su competitividad repercute directamente sobre miles de puestos de trabajo vinculados a la captura, el procesamiento, la logística, la industria naval y el comercio exterior. En ese marco, afirmó que las políticas pesqueras deben sustentarse en criterios transparentes, técnicamente fundados y con una visión verdaderamente federal.
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