La posibilidad de incorporar al langostino argentino a un régimen de cuotas individuales vuelve a instalar una de las discusiones más trascendentes para el futuro de la política pesquera nacional. Más allá del reparto de volúmenes de captura, el interrogante es cómo administrar de manera sustentable el recurso de mayor valor exportador de la pesca argentina, garantizando equilibrio entre conservación biológica, desarrollo industrial, empleo e inversiones.
El esquema actual, basado en aperturas y cierres de temporada, campañas de prospección y decisiones administrativas periódicas, permitió acompañar el crecimiento de la pesquería durante las últimas décadas. Sin embargo, el crecimiento de la actividad, el incremento de la capacidad extractiva y el peso económico alcanzado por el langostino impulsan a distintos sectores a plantear si llegó el momento de avanzar hacia un sistema de administración de largo plazo.
La posibilidad existe desde el punto de vista legal. La Ley Federal de Pesca N.º 24.922 contempla expresamente la utilización de cuotas de captura como herramienta para administrar los recursos vivos marinos bajo jurisdicción nacional. El objetivo del régimen es compatibilizar la conservación de las especies con el aprovechamiento racional, el desarrollo de la actividad y la defensa del interés nacional, bajo la conducción del Consejo Federal Pesquero (CFP).
La normativa establece además cuáles son los parámetros que deben considerarse al momento de distribuir derechos de captura. Los antecedentes históricos de pesca constituyen sólo uno de los factores. También deben evaluarse las inversiones realizadas, la capacidad productiva instalada, la generación de empleo, el nivel de procesamiento, el cumplimiento de las obligaciones legales y los antecedentes sancionatorios de cada operador.
Ese criterio transforma a la cuotificación en una herramienta de política pública y no simplemente en un mecanismo de distribución de toneladas. El recurso continúa siendo administrado por el Estado, mientras que las cuotas representan autorizaciones de captura dentro de los límites biológicos definidos anualmente por la autoridad pesquera.
La experiencia de la merluza como antecedente
Argentina ya atravesó un proceso similar con la merluza común (Merluccius hubbsi), una pesquería que durante años enfrentó fuertes presiones extractivas y dificultades de administración.
La implementación del régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) permitió ordenar la explotación del recurso, otorgando previsibilidad a empresas y trabajadores dentro de un esquema sujeto a controles científicos y administrativos.
La reciente renovación de esas cuotas para el período 2025-2039 consolidó un horizonte de estabilidad para una actividad que sostiene buena parte de la flota fresquera y congeladora, las plantas de procesamiento, el empleo en tierra y una porción significativa de las exportaciones pesqueras argentinas.
Las cifras reflejan esa importancia. Durante 2025 se desembarcaron 314.745,6 toneladas de merluza hubbsi y las exportaciones alcanzaron los 326 millones de dólares por un volumen de 127.422 toneladas. En lo que va de 2026, hasta el 23 de junio, los desembarques oficiales ya superan las 146.700 toneladas.
El peso económico del langostino
Si el antecedente de la merluza resulta relevante, el caso del langostino adquiere una dimensión aún mayor por tratarse del principal producto exportado por la pesca argentina.
Durante 2025 las ventas externas alcanzaron 867 millones de dólares sobre un volumen de 119.775 toneladas, aun en un contexto internacional menos favorable que el registrado en temporadas anteriores.
En materia de desembarques, la especie registró 187.030,2 toneladas durante 2025 y acumula 82.784,6 toneladas al 23 de junio de 2026, cifras que reflejan la magnitud operativa de una pesquería que moviliza a la flota congeladora, tangoneros fresqueros, plantas procesadoras, estibadores, transportistas, cámaras frigoríficas, talleres navales, astilleros y puertos de toda la Patagonia y Mar del Plata.
Más que una cuestión biológica
Quienes impulsan una eventual cuotificación sostienen que el sistema permitiría introducir mayor previsibilidad para toda la cadena productiva.
Desde el punto de vista biológico, cada autorización de captura quedaría vinculada a una Captura Máxima Permisible determinada por información científica, acompañada por monitoreo permanente, campañas de investigación y mecanismos de protección de juveniles.
En el plano económico, un régimen estable favorecería la planificación de inversiones en embarcaciones, plantas industriales, tecnología, infraestructura portuaria y logística.
El aspecto laboral también aparece entre los argumentos centrales. La ley obliga a ponderar la generación de empleo, la continuidad de las operaciones y el agregado de valor, factores que podrían transformarse en elementos determinantes al momento de asignar derechos de captura.
Seguridad y eficiencia operativa
Otro aspecto que comienza a incorporarse al debate es la seguridad de la navegación.
Cada temporada coinciden en zonas relativamente reducidas más de un centenar de buques dedicados a la captura de langostino, lo que incrementa la complejidad de las maniobras y eleva el riesgo de incidentes entre embarcaciones.
Diversos especialistas consideran que una planificación más ordenada del esfuerzo pesquero podría contribuir también a mejorar las condiciones operativas y reducir situaciones de riesgo para las tripulaciones.
Un desafío institucional
La eventual implementación de un régimen de cuotas exigirá un trabajo técnico de gran complejidad.
El Consejo Federal Pesquero deberá establecer qué período histórico se tomará como referencia, cómo se ponderarán las inversiones, la producción y el empleo, cuáles serán los límites de concentración, qué reservas conservará el Estado para futuras asignaciones y bajo qué condiciones podrán transferirse las cuotas.
La experiencia acumulada con la merluza demuestra que este tipo de sistemas requiere información confiable, trazabilidad administrativa, monitoreo permanente y reglas transparentes para garantizar legitimidad.
Un debate que trasciende la coyuntura
La discusión sobre la cuotificación del langostino llega en un momento en que los mercados internacionales demandan cada vez mayores estándares de sostenibilidad, trazabilidad y estabilidad en el abastecimiento.
Al mismo tiempo, la competencia con el camarón de cultivo y otros productos obliga a mejorar la eficiencia de toda la cadena pesquera argentina.
En ese contexto, la previsibilidad regulatoria también adquiere valor comercial, ya que los compradores internacionales observan no sólo los precios, sino también la continuidad del suministro, las certificaciones ambientales y la estabilidad institucional del país proveedor.
La eventual incorporación del langostino al régimen de cuotas no representa únicamente un cambio administrativo. Implica definir el modelo de gestión para la especie que genera el mayor ingreso de divisas de la pesca argentina.
La Ley Federal de Pesca ofrece el marco jurídico para avanzar en ese camino. La experiencia de la merluza aporta un antecedente concreto. El desafío será construir un sistema federal, transparente, técnicamente sólido y consensuado, capaz de preservar el recurso sin resignar competitividad, empleo ni desarrollo productivo.
Más que una discusión sobre toneladas, el debate pone en juego el futuro de la principal pesquería del país y la forma en que Argentina decidirá administrar uno de sus recursos estratégicos durante las próximas décadas.
