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19 mayo, 2026 01:54

La Justicia dejó sin efecto la última cautelar que mantenía frenados artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en un nuevo revés judicial para los sectores sindicales que buscaban suspender la aplicación de la norma.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 dejó sin efecto medidas que habían sido concedidas por el juzgado laboral de Enrique Ojeda contra la Ley 27.802. El Gobierno había reclamado la nulidad de esas resoluciones por incompetencia.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal volvió a respaldar al Gobierno nacional en la disputa judicial por la reforma laboral y dejó sin efecto las últimas cautelares que permanecían vigentes contra la Ley 27.802 de modernización laboral, impulsada por la gestión de Javier Milei.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 en el marco de la causa iniciada por el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante contra el Estado Nacional. El fallo anuló una medida cautelar que había sido concedida previamente por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, encabezado por el juez Enrique Ojeda.

Según sostuvo el tribunal, la cautelar debía ser revocada debido a que el magistrado laboral había sido declarado incompetente para intervenir en expedientes vinculados con la reforma laboral. En la resolución se recordó además lo dispuesto en la causa promovida por la CGT contra el Estado Nacional, donde ya se había determinado que las presentaciones vinculadas a la ley debían tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

La medida llegó luego de una presentación conjunta realizada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, y la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio. Ambos organismos solicitaron que fueran anuladas las cautelares obtenidas por distintos sindicatos ante la Justicia laboral para suspender artículos de la reforma.

Con este nuevo fallo, los artículos cuestionados de la Ley 27.802 recuperaron plena vigencia, mientras continúa el debate judicial de fondo sobre la constitucionalidad de la normativa impulsada por el Gobierno nacional.

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