La Prefectura Naval remarcó que el uso del chaleco salvavidas puede ser determinante para salvar vidas y recordó que la seguridad de las tripulaciones es una responsabilidad compartida entre los capitanes y las empresas armadoras.Si bien el Acuerdo de Ciudad del Cabo entrará en vigencia en Argentina en febrero de 2027, las medidas para prevenir accidentes deben aplicarse ahora, no cuando la normativa sea obligatoria
El naufragio del Repunte obligó a revisar los estándares de construcción y estabilidad de la flota pesquera. Hoy, las muertes de dos marineros tras caer al mar, en los casos del Luca Mario y el Cabo Vírgenes, vuelven a exponer una deuda pendiente: la seguridad de las tripulaciones. La diferencia entre ambos hechos es clave. Mientras uno ocurrió en medio de malas condiciones meteorológicas, el otro sucedió con el mar en calma. Eso obliga a replantear si el uso del chaleco salvavidas debe seguir dependiendo del estado del tiempo o convertirse en una práctica permanente.
Tras ambos accidentes, la Prefectura Naval Argentina recomendó el uso de chalecos salvavidas homologados bajo norma SOLAS durante maniobras críticas y recordó que la responsabilidad por la seguridad recae tanto en los capitanes como en las empresas armadoras. Sin embargo, dentro del propio sector se reconoce que el chaleco aún no se utiliza con la frecuencia necesaria, en gran parte por la incomodidad del equipo.
El Convenio sobre el Trabajo en la Pesca de la OIT, incorporado al Acuerdo de Ciudad del Cabo que Argentina aplicará desde febrero de 2027, distribuye claramente las responsabilidades: el armador debe garantizar los recursos y el capitán velar por la seguridad y la capacitación de la tripulación, sin presiones que comprometan la vida de los trabajadores.
Pero el desafío no pasa solo por contar con mejores equipos. La capacitación, los simulacros y los protocolos de respuesta son tan importantes como el chaleco. Las normas internacionales comenzarán a regir en 2027, pero las tragedias ocurren hoy. La prevención no puede seguir esperando la entrada en vigencia de una ley; debe convertirse en una prioridad inmediata para empresas, capitanes, organismos de control y sindicatos.