Los armadores y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina expusieron ante la Delegación de la Secretaría de Trabajo que la convocatoria a asamblea impulsada por el gremio constituye, en los hechos, una medida de acción directa encubierta. En ese marco, solicitaron que se intime al sindicato para que la flota pueda retomar su operatividad.opción:
Las cámaras armadoras que representan a la flota fresquera de altura de Mar del Plata formalizaron una denuncia ante la Delegación local de la Secretaría de Trabajo contra el SICONARA, a raíz de la convocatoria a una asamblea que, según sostienen, derivó en la paralización de las zarpadas desde el lunes y hasta el viernes.
La presentación fue firmada por Fernando Rivera, titular de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, y por Carlos Casella, quienes acusaron al gremio de implementar una medida de fuerza encubierta. En ese marco, solicitaron a la autoridad laboral que intime al sindicato a cesar cualquier interferencia en la operatoria de los buques y canalizar sus reclamos por las vías legales correspondientes.
La medida tomó por sorpresa a los armadores que se encontraban en plena preparación de los buques para salir a zona de pesca. “Complica a toda la cadena”, admitió un empresario del sector, al tiempo que reveló que incluso oficiales embarcados se comunicaron para pedir una solución ante la pérdida de días de marea.
La interrupción de la actividad no solo afecta a la tripulación —en un contexto donde aún resta cerrar la paritaria de la marinería— sino también al personal en tierra, debido a la menor disponibilidad de materia prima para procesamiento
Desde las cámaras empresarias advirtieron que la conducta sindical genera un perjuicio operativo, comercial y logístico significativo, al alterar la planificación de mareas, la organización de tripulaciones y el cumplimiento de compromisos contractuales.
En la nota elevada a la Delegación, remarcaron que la convocatoria no puede analizarse únicamente por su denominación formal. “Si bajo la figura de una asamblea se interrumpe la actividad, se demoran zarpadas y se ocasionan perjuicios a terceros, se excede el marco de una reunión gremial y se configura una medida de acción directa”, sostuvieron.
Los dirigentes aclararon que la presentación no implica desconocer derechos como la libertad sindical, el derecho de reunión o la negociación colectiva. “No se cuestiona el reclamo gremial en sí, sino el uso de una supuesta asamblea como herramienta de presión operativa directa, en contradicción con el marco legal vigente”, indicaron.
Finalmente, las cámaras se reservaron la posibilidad de avanzar con acciones administrativas y judiciales, incluyendo eventuales denuncias por prácticas desleales, incumplimientos normativos y reclamos por daños y perjuicios derivados de la situación.
