El Consejo Federal Pesquero dio luz verde, por mayoría, a una disposición extraordinaria orientada a preservar puestos de trabajo en la provincia, aunque la decisión fue cuestionada por Buenos Aires.
En una definición de fuerte impacto para el mapa pesquero nacional, el Consejo Federal Pesquero resolvió crear una reserva social de 2.000 toneladas de langostino destinada a la provincia de Río Negro para la actual temporada en aguas de jurisdicción nacional.
La medida, impulsada por la representación rionegrina, se fundamentó en la necesidad de generar y sostener puestos de trabajo en los puertos provinciales y su área de influencia, en un contexto atravesado por la emergencia pesquera vigente.
El esquema aprobado establece que será la propia provincia la encargada de designar los buques beneficiarios, mientras que las capturas deberán cumplir condiciones específicas:
- Ser procesadas en plantas en tierra dentro de Río Negro
- Y realizarse con embarcaciones que cuenten con los permisos correspondientes en la jurisdicción donde operen
Desde el Consejo se remarcó que la herramienta tiene carácter transitorio, orientada a mitigar la situación económica del sector en esa región.
Rechazo y conflicto federal
La decisión no fue unánime. La provincia de Buenos Aires votó en contra y volvió a plantear su histórica posición crítica respecto del reparto de cuotas sociales.
Desde esa representación se denunció una situación de desigualdad, señalando que, pese a reiterados pedidos, no se le ha otorgado un esquema similar, lo que —según argumentaron— genera un trato discriminatorio dentro del sistema.
El planteo bonaerense reabre un debate de fondo sobre los criterios de asignación de recursos y el equilibrio federal en la administración pesquera, en un contexto donde las cuotas sociales se consolidan como una herramienta clave para sostener empleo y actividad.
Impacto en el sector
La decisión introduce un nuevo actor con acceso directo al langostino, uno de los recursos más valiosos del país, y podría generar efectos tanto en la operatoria de la flota como en la distribución del procesamiento en tierra.
Al mismo tiempo, deja planteado un escenario de tensión entre provincias que podría escalar en futuras discusiones dentro del Consejo.
