El Gobierno de Santa Cruz trabaja en el diseño de un nuevo régimen de administración pesquera con proyección a diez años, orientado a brindar previsibilidad a las empresas del sector y fortalecer el desarrollo industrial dentro de la provincia.
El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura provincial, Sergio Klimenko, ratificó que el esquema apunta a garantizar previsibilidad empresarial, fortalecer la actividad industrial y defender los puestos de trabajo locales en un contexto económico complejo para el sector.
Actualmente, la provincia dispone de 17.760 toneladas de merluza, equivalentes al 4,80% del stock sur de la Captura Máxima Permisible asignada por la Nación. Sobre esa base, la administración santacruceña busca implementar una política que vincule directamente la explotación del recurso con la generación de empleo y movimiento económico dentro del territorio provincial.
La iniciativa pretende consolidar un circuito operativo donde las empresas con plantas habilitadas en Santa Cruz articulen con distintas flotas pesqueras para asegurar el abastecimiento constante de materia prima y garantizar descargas en los puertos locales.
“Buscamos que las empresas que trabajan en la provincia, que tienen plantas habilitadas en la provincia con trabajo registrado, puedan acceder a una cuota de merluza para negociar con distintos barcos y que la materia prima sea descargada en los puertos provinciales”, sostuvo Klimenko al explicar el alcance del proyecto oficial.
Desde el Ejecutivo consideran que la medida puede transformarse en una herramienta estratégica para contener la caída del empleo formal y sostener la mano de obra calificada vinculada a la industria pesquera.
En paralelo, el Gobierno provincial mantiene negociaciones con cámaras empresarias para consensuar el esquema definitivo, teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa la actividad. Entre los principales problemas planteados por el sector aparecen el incremento de costos operativos, especialmente el combustible, y la reducción de los márgenes de rentabilidad.
“Lo que realmente generó muchas trabas fue el valor del combustible, que se fue por las nubes por la guerra, y eso provocó que hoy muchos trabajen a pérdida”, afirmó el funcionario provincial.
El proyecto también incorpora un componente social. La Provincia analiza mecanismos legales y tributarios para que las plantas beneficiadas aporten semanalmente unos 300 cajones de merluza fresca destinados a programas de asistencia alimentaria.
La definición final del nuevo régimen podría acelerarse en los próximos días. El próximo 26 de mayo se desarrollará una reunión clave en Casa Santa Cruz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionarios y representantes del sector privado buscarán avanzar en el documento definitivo que posteriormente sería elevado para la firma del gobernador provincial.
