STIA, SOMU y SICONARA reclamaron una audiencia urgente para tratar las diferencias con Agropez S.A. / Grupo Conarpesa. Por separado, CAPIP solicitó la mediación provincial y advirtió que la disputa podría repercutir en otras empresas de la actividad.
La proximidad de la temporada de langostino sumó urgencia a los pedidos de intervención del Gobierno de Chubut por los conflictos laborales vinculados con Conarpesa. A través de dos presentaciones diferentes, organizaciones sindicales y representantes empresarios solicitaron al gobernador Ignacio Torres que habilite una instancia de diálogo.
Los escritos ingresaron a Gobernación el 16 de octubre de 2026. Aunque responden a planteos propios de cada sector, ambos señalan la necesidad de resolver las diferencias para evitar consecuencias sobre el trabajo y el inicio de las operaciones en aguas provinciales.
Los sindicatos buscan una convocatoria urgente
La presentación conjunta de STIA, SOMU y SICONARA, identificada con el asunto “Conflicto Agropez S.A. – Grupo Conarpesa”, solicita una audiencia para abordar las controversias que las organizaciones mantienen con la firma.
Dirigida al gobernador y con referencias a las secretarías de Pesca y de Trabajo, la nota advierte que los conflictos pendientes comprometen el normal comienzo de la temporada provincial.
El pedido reúne a representantes de trabajadores de la industria del pescado, marineros y personal de máquinas de la flota. Entre los firmantes se encuentra Luis Núñez, secretario general de STIA Chubut.
El documento no desarrolla los reclamos particulares de cada organización ni anuncia un paro o medidas de fuerza. Su objetivo es conseguir una reunión entre las partes que permita encauzar las diferencias antes de la zafra.
La cámara teme que la disputa alcance a otras compañías
En una gestión independiente, Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), remitió una carta a Torres fechada el 14 de octubre, también recibida en Gobernación el día 16.
La entidad pidió la intervención de las áreas provinciales competentes en el conflicto entre Conarpesa S.A. y STIA, ante la posibilidad de que sus efectos trasciendan a los protagonistas iniciales y alcancen a otras empresas, tanto de procesamiento como de la flota.
CAPIP vinculó esa preocupación con el peso de la pesca en el empleo de Puerto Madryn, Rawson y Trelew. Desde su posición, una prolongación de la disputa podría generar incertidumbre en distintos eslabones de la cadena productiva.
Por ese motivo, solicitó que la Provincia promueva una salida acordada, conforme a la legislación y los convenios aplicables, y contribuya a acercar posiciones para evitar una escalada.
El inicio de la actividad, en el centro de los planteos
La expectativa de trabajo que genera la temporada atraviesa ambas presentaciones. Mientras los sindicatos buscan tratar los conflictos laborales pendientes, la cámara empresaria remarca la importancia del comienzo de la zafra para los ingresos de miles de trabajadores y sus familias.
En su carta, CAPIP sostiene que una intervención demorada podría ocasionar jornadas laborales perdidas y profundizar el deterioro de la relación entre las partes.
Los dos pedidos colocan al Gobierno provincial ante una demanda de mediación, aunque con alcances diferentes: los gremios solicitan una audiencia por sus conflictos con Agropez S.A. / Grupo Conarpesa y la cámara reclama una actuación que evite repercusiones sobre el conjunto de la actividad.
La documentación mencionada acredita el ingreso de las solicitudes, pero no incluye una respuesta del Ejecutivo ni una convocatoria formal. La apertura de una mesa de negociación es el paso que reclaman los firmantes frente a una temporada cuyo desarrollo resulta decisivo para el empleo pesquero en Chubut.
