La actividad pesquera quedó alcanzada por la obligación de revisar los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) establecida en el marco de la reforma laboral. En ese contexto, el Gobierno nacional comenzó a convocar a organizaciones sindicales y cámaras empresarias de los sectores pesquero, marítimo, portuario y de la industria de la alimentación para iniciar el proceso de renegociación de las condiciones laborales vigentes.
La Secretaría de Trabajo de la Nación comenzó el proceso de convocatoria a organizaciones sindicales y cámaras empresarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral. La medida impulsa el inicio de negociaciones destinadas a renovar, modificar o ratificar los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) que se encuentren vencidos, conforme a lo previsto por la Ley N.º 14.250 de negociaciones colectivas.
La reforma laboral establece que, dentro del año siguiente a su promulgación, la autoridad laboral debe convocar a las partes con legitimación para negociar aquellos convenios cuya vigencia haya expirado, con el objetivo de adecuarlos al nuevo marco legal o consensuar un nuevo texto que regule las relaciones laborales.
Además, la normativa incorpora un mecanismo que permite a cualquiera de las partes solicitar la suspensión de la homologación de un convenio que continúe vigente únicamente por el principio de ultraactividad, siempre que pueda acreditarse que su aplicación genera distorsiones económicas de gravedad o afecta el interés general. En esos casos, la autoridad laboral podrá suspender temporalmente sus efectos hasta que la comisión paritaria concluya la negociación de un nuevo acuerdo colectivo.
La pesca, entre los primeros sectores convocados
La actividad pesquera figura entre los sectores alcanzados por esta etapa de revisión. Diversos convenios colectivos que regulan el trabajo en los ámbitos marítimo, portuario y de la industria procesadora de productos pesqueros ya se encuentran vencidos, por lo que deberán ser renegociados durante el segundo semestre de 2026.
El proceso no resulta ajeno a las negociaciones desarrolladas en los últimos meses. En varios acuerdos salariales celebrados entre cámaras empresarias y sindicatos marítimos ya se había incorporado el compromiso de avanzar posteriormente en una revisión integral de las condiciones laborales previstas en los convenios colectivos.
Uno de los casos más representativos es el Convenio Colectivo de Trabajo 356/03 del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que deberá ser reemplazado por un nuevo texto. En el acuerdo paritario alcanzado en mayo entre CAPIP, CAPeCA, CEPA y el SOMU, que permitió destrabar el conflicto por la temporada de langostino, las partes asumieron el compromiso de negociar un nuevo convenio antes de finalizar 2026, con el objetivo de concluir las tratativas antes de octubre de 2027.
La revisión también alcanzará a los convenios que regulan la actividad de conductores navales, trabajadores portuarios y otros gremios vinculados al sector marítimo, así como al personal de las plantas de procesamiento de pescado, cuyos marcos convencionales deberán adecuarse a las nuevas disposiciones legales.
Fin de la ultraactividad y nueva etapa de negociación
La iniciativa impulsada por la Secretaría de Trabajo busca actualizar los convenios colectivos en distintos sectores de la economía y abre una nueva instancia de negociación entre sindicatos y empleadores, en un contexto de cambios impulsados por la reforma laboral.
Uno de los ejes centrales de la nueva legislación es la limitación del régimen de ultraactividad, mecanismo que permitía que un convenio colectivo continuara vigente de manera indefinida hasta la firma de uno nuevo. Con la modificación introducida por la ley, el Gobierno quedó facultado para convocar formalmente a las partes y promover la renegociación de los acuerdos vencidos.
En ese marco, la cartera laboral comenzó a remitir notificaciones a cientos de organizaciones sindicales y empresarias de distintos sectores productivos para poner en marcha el proceso de revisión de los convenios colectivos que deberán adecuarse al nuevo esquema legal.
