El organismo resolvió dejar sin efecto el proyecto que contemplaba el traspaso de cuotas de merluza de los fresqueros a los congeladores, mientras avanzó con ajustes en la resolución vinculada a la incorporación de 18 embarcaciones poteras. En paralelo, las empresas congeladoras reclamaron igualdad de trato respecto de los beneficios otorgados al segmento fresquero.
La decisión de retirar la iniciativa vinculada a la merluza se produjo luego de un fuerte rechazo de empresarios, gremios y autoridades bonaerenses. Previamente a la sesión del CFP, representantes de la flota fresquera mantuvieron una reunión marcada por la preocupación ante la crisis de rentabilidad que atraviesa el sector. Si bien reconocieron las medidas de alivio otorgadas recientemente, consideraron que resultan insuficientes y reclamaron la declaración de una emergencia pesquera para la actividad.
En ese contexto, la propuesta impulsada por el director Arturo Idoyaga Molina encontró una resistencia prácticamente unánime. Los empresarios del sector fresco advirtieron que la transferencia de cuotas hacia los congeladores perjudicaría especialmente a Mar del Plata y a toda la cadena productiva asociada a la actividad fresquera.
La reacción fue inmediata. La Provincia de Buenos Aires, gremios marítimos y portuarios, junto con la CGT Regional, elevaron presentaciones formales solicitando al Consejo Federal Pesquero que desistiera de avanzar con la iniciativa. La rápida articulación entre el sector empresarial, sindical y político terminó siendo determinante para desactivar el proyecto antes de que pudiera prosperar.
Finalmente, el Acta Nº 15 del CFP dejó asentado el cierre definitivo del tema. “Respecto de los planteos presentados, la Autoridad de Aplicación informa que la propuesta ya ha sido retirada”, señala el documento oficial.
Cambios en el régimen para los nuevos poteros
En paralelo, la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera promovió modificaciones a la Resolución 6, que establece los criterios de selección para el ingreso de 18 nuevos buques poteros.
Entre los cambios más importantes figura la ampliación de los plazos de presentación de proyectos, que pasaron de diez a quince días hábiles desde la publicación de la Resolución 8. También se extendieron los plazos para la incorporación efectiva de las embarcaciones seleccionadas.
Los buques nuevos construidos en el exterior tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2028 para incorporarse, mientras que aquellos construidos en astilleros nacionales dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2029.
Asimismo, se corrigió uno de los aspectos más cuestionados de la resolución original: la falta de incentivos para la construcción naval argentina. A partir de las modificaciones aprobadas, los proyectos que contemplen la construcción de buques en astilleros nacionales recibirán la máxima valoración dentro del esquema de puntuación.
También se incorporó una nueva escala para empresas con menos de 300 trabajadores registrados, segmento que inicialmente no obtenía puntaje específico. Desde ahora, quienes acrediten entre 1 y 50 empleados comenzarán con una base de diez puntos, aumentando progresivamente según la cantidad de personal.
Por otra parte, se elevaron significativamente los requisitos de puntuación necesarios para acceder a permisos de mayor duración, endureciendo las condiciones para los proyectos aspirantes.
Buenos Aires mantuvo su rechazo
Pese a las modificaciones introducidas, la representación de la Provincia de Buenos Aires volvió a votar en contra de la medida. La postura se mantuvo alineada con los cuestionamientos expresados durante la aprobación original de la Resolución 6, particularmente respecto de los beneficios otorgados a proyectos que operen desde puertos patagónicos.
Además, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense presentó un recurso de reconsideración contra la resolución. El ministro Javier Rodríguez sostuvo que la medida afecta principios fundamentales del régimen federal pesquero, genera desigualdades entre jurisdicciones y carece de estudios científicos suficientes que respalden su implementación.
Los congeladores reclaman igualdad de condiciones
Durante la misma reunión, el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) solicitó que las medidas de alivio concedidas a la flota fresquera también sean extendidas a los buques congeladores.
Entre los pedidos figuran la continuidad de la reducción del Derecho Único de Extracción (DUE), la disminución del Derecho de Transferencia, la suspensión de sumarios administrativos y la implementación de planes especiales para regularizar deudas.
Desde el sector argumentaron que toda la industria pesquera enfrenta un escenario complejo, marcado por el aumento de los costos laborales, operativos y logísticos, la caída de los precios internacionales y una creciente pérdida de competitividad.
Sin embargo, el planteo no recibió respuesta formal por parte del CFP, que por el momento mantiene su atención centrada en la situación crítica de la flota fresquera, uno de los segmentos más afectados por la combinación de altos costos internos, atraso cambiario y deterioro de la rentabilidad.
