Desde UdIPA, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y CAFREXPORT manifestaron su rechazo al proyecto oficial que impulsa la cesión permanente de cuotas de captura de merluza desde la flota fresquera hacia los buques congeladores, y reclamaron mayor claridad en el tratamiento de la iniciativa.
Las entidades advirtieron que la propuesta se aparta de las tendencias internacionales, ya que podría reducir el volumen de materia prima disponible para procesamiento en tierra y, al mismo tiempo, favorecer una mayor concentración en el sector.
Referentes clave de la flota fresquera y del entramado industrial ligado al procesamiento en tierra en Mar del Plata expresaron un fuerte rechazo al proyecto que impulsa la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, orientado a habilitar la transferencia definitiva de cuotas de merluza desde buques fresqueros hacia congeladores. La iniciativa comenzó a gestarse en el ámbito del Consejo Federal Pesquero y ya generó una marcada preocupación en el sector.
Desde la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UdIPA) cuestionaron la falta de debate previo y advirtieron sobre la opacidad en el tratamiento de una medida de alto impacto. Señalaron que no fue abordada ni en reuniones del Consejo ni en espacios de trabajo público-privados, lo que —según indicaron— evidencia una preocupante ausencia de transparencia.
En la misma línea, CAFREXPORT alertó que permitir el traspaso de cuota hacia buques congeladores podría restringir seriamente el abastecimiento de materia prima para las plantas en tierra, afectando la producción, el empleo y el perfil exportador del polo pesquero marplatense.
Las entidades difundieron un documento crítico bajo el título “Un nuevo golpe a la industria de la pesca”, donde cuestionan los fundamentos técnicos del proyecto, basado en un informe oficial sobre optimización productiva de merluza hubbsi. A su entender, la propuesta desconoce el impacto socioeconómico del sector y carece de una visión integral que contemple a toda la cadena de valor.
Además, sostuvieron que el mecanismo propuesto podría perjudicar al segmento con mayor peso en las economías regionales, al tiempo que advirtieron posibles incompatibilidades con la legislación pesquera vigente.
Desde el sector exportador remarcaron que la discusión excede a la operatoria de los buques. Indicaron que medir la eficiencia únicamente en términos productivos deja de lado variables clave como el empleo, la inversión y el desarrollo territorial. En ese sentido, advirtieron que una decisión de este tipo podría comprometer miles de puestos de trabajo y frenar proyectos en marcha.
También expresaron inquietud por el contexto económico, marcado por mayores costos logísticos y demoras en reintegros estatales, lo que agrava la situación financiera de las empresas. Según señalaron, una eventual reducción en el suministro de pescado fresco profundizaría aún más estas dificultades.
Desde el sector fresquero indicaron que la medida consolidaría el peso de la flota congeladora en el esquema pesquero nacional, recordando que este segmento ya representa una porción significativa de los buques de mayor porte. A su criterio, esta tendencia contrasta con modelos internacionales que priorizan el agregado de valor en tierra.
Finalmente, los armadores reclamaron abrir una instancia de diálogo real con las autoridades para discutir el modelo pesquero, revisar los criterios de asignación de cuotas y definir una estrategia que contemple a toda la cadena productiva, especialmente al entramado de pequeñas y medianas empresas que dependen de la actividad fresquera.
