El juez Federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Daniel Bibel, hizo lugar al planteo de incompetencia territorial presentado por el Consejo Federal Pesquero y resolvió remitir el expediente al fuero de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
La disputa judicial por el otorgamiento de 18 nuevos permisos para la pesca de calamar con buques poteros sumó un nuevo capítulo, esta vez con un revés para los sectores de la estiba de Mar del Plata que habían recurrido a la Justicia para intentar frenar el proceso.
En las últimas horas, el Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata hizo lugar a la excepción de incompetencia territorial planteada por el Consejo Federal Pesquero (CFP) y resolvió que ese tribunal no es competente para continuar interviniendo en las actuaciones iniciadas por la Federación de Cooperativas de Actividades Portuarias Ltda. (Fecooaport) y el SUPA.
La resolución fue firmada por el juez Federal subrogante Bernardo Daniel Bibel, quien declaró la incompetencia territorial del juzgado marplatense y ordenó remitir el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde deberá determinarse por sorteo qué tribunal continuará con el trámite.
El planteo judicial había sido presentado por sectores vinculados a la estiba portuaria de Mar del Plata, que cuestionaron el proceso mediante el cual el CFP habilitó el otorgamiento de 18 nuevos permisos para buques poteros.
La presentación solicitó una medida cautelar para suspender el procedimiento, argumentando además la presunta inconstitucionalidad de uno de los incisos del Anexo V de la Resolución CFP Nº 6/2026, norma que dio marco al proceso de adjudicación.
El conflicto cambia de escenario
El Consejo Federal Pesquero había rechazado los planteos de los demandantes y sostuvo que la Justicia Federal de Mar del Plata no resultaba competente territorialmente para intervenir en el expediente.
Ese argumento terminó siendo aceptado por el juez Bibel, quien resolvió el traslado de las actuaciones a la Justicia Federal con competencia en materia Contencioso Administrativa de CABA.
La decisión, sin embargo, no implica un pronunciamiento sobre la validez constitucional del proceso de otorgamiento de los permisos.
El magistrado no analizó ni resolvió la cuestión de fondo planteada por los trabajadores y las empresas vinculadas a la actividad portuaria. En consecuencia, todavía queda pendiente determinar si las disposiciones cuestionadas por los demandantes resultan o no compatibles con los derechos y garantías constitucionales que invocaron en su presentación.
Los estibadores apelarán
Tras conocerse la resolución, Fernando Herrera, apoderado de Fecooaport y del sindicato de estibadores, anticipó que recurrirá el fallo ante la Cámara.
El representante sostuvo que la decisión judicial, a su entender, “va en contra de los intereses de los trabajadores y las empresas de Mar del Plata”, y adelantó que buscará revertir el criterio adoptado por el juzgado.
La causa había tenido un primer movimiento a mediados de julio, cuando el Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata se había declarado competente para intervenir y remitió las actuaciones al Consejo Federal Pesquero para que formulara su posición.
Desde el organismo defendieron jurídicamente el proceso de adjudicación de los nuevos permisos y, al mismo tiempo, cuestionaron la competencia territorial del tribunal marplatense.
Dos semanas atrás, los representantes de los sectores de la estiba habían vuelto a insistir con el pedido de cautelar y rechazaron los argumentos presentados por el CFP.
Ahora, el expediente cambia de jurisdicción y continuará su recorrido en Buenos Aires, mientras la apelación anunciada por los demandantes abre una nueva instancia judicial.
Por el momento, el conflicto no está cerrado: la Justicia no resolvió si el proceso para otorgar los nuevos permisos para poteros es constitucional o no. Determinó, en cambio, qué jurisdicción deberá intervenir para resolver esa discusión.
imagen portada revista puerto
