Las principales cámaras empresarias y armadores del sector expusieron ante el Consejo Federal Pesquero la delicada situación económica que atraviesa la flota fresquera, marcada por altos costos operativos, carga tributaria, aumento del combustible y una creciente pérdida de competitividad.
La situación económica de la flota fresquera volvió a ocupar el centro de la agenda pesquera nacional. Representantes de cámaras empresarias y armadores fueron recibidos este martes por el Consejo Federal Pesquero (CFP), donde presentaron un extenso informe sobre las dificultades que enfrenta el sector y reclamaron una batería de medidas para revertir un escenario que calificaron como crítico.
La audiencia se concretó en la Ciudad de Buenos Aires luego de la postergación de un encuentro previsto para mayo y de nuevas gestiones impulsadas por las entidades vinculadas a la actividad. Durante la reunión, los representantes del sector describieron un cuadro marcado por el incremento sostenido de los costos operativos, la presión tributaria, las cargas administrativas y una pérdida progresiva de competitividad.
Según el documento presentado ante los consejeros, la actividad atraviesa una crisis de rentabilidad que se profundizó durante los últimos años. Los armadores sostuvieron que la ecuación económica de los buques fresqueros se encuentra cada vez más comprometida debido al aumento de los costos laborales, la suba de los combustibles, los gastos portuarios y la incidencia de distintos tributos que afectan la operación diaria.
Entre los indicadores expuestos se destacó el deterioro de la relación entre ingresos y costos. Las entidades señalaron que la actividad pasó de registrar márgenes positivos años atrás a operar actualmente en niveles de rentabilidad negativa. También remarcaron la pérdida del poder adquisitivo del sector frente al aumento del gasoil y advirtieron sobre el impacto de una estructura administrativa que, según indicaron, obliga a cumplir más de un centenar de trámites por cada marea.
El planteo incluyó cuestionamientos a los Derechos Únicos de Extracción, los derechos de exportación y la posibilidad de nuevas cargas económicas sobre la actividad. Asimismo, se reclamó una revisión del régimen sancionatorio vigente y de diversas normativas que, a criterio de los armadores, incrementan los costos sin aportar mejoras operativas.
Más allá de la coyuntura, las cámaras propusieron una mirada de largo plazo sobre el modelo productivo. En ese sentido, sostuvieron que la creciente participación de buques congeladores dentro de la flota nacional refleja las dificultades que enfrenta el esquema basado en el desembarque de pescado fresco y su posterior procesamiento en tierra.
El sector advirtió que esta tendencia tiene consecuencias directas sobre la generación de empleo industrial y sobre la capacidad de agregar valor a las exportaciones pesqueras. Según expresaron, la Argentina viene perdiendo participación en mercados de productos elaborados mientras aumenta el peso de las exportaciones de menor procesamiento.
Para revertir este escenario, las entidades solicitaron al CFP que gestione reuniones con las máximas autoridades nacionales y promovieron la declaración de una emergencia pesquera. Entre los pedidos concretos figuran la implementación de un esquema de combustible productivo libre de impuestos, la eliminación de los derechos de exportación, la revisión de los cánones extractivos y la creación de líneas de financiamiento destinadas a modernizar plantas, renovar embarcaciones y recomponer capital de trabajo.
Otro de los ejes estuvo vinculado a la desregulación de la actividad. Los representantes empresariales reclamaron una simplificación de trámites, la revisión de las dotaciones mínimas de los buques de acuerdo con la tecnología disponible, cambios en las condiciones de estiba y la actualización de normativas que consideran desfasadas respecto de la realidad operativa actual.
Durante la reunión también se planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia en las decisiones de administración pesquera. Las cámaras solicitaron que cualquier modificación vinculada a recursos estratégicos como merluza, langostino o calamar sea debatida dentro del Consejo Federal Pesquero, con acceso a la información técnica y participación de todos los sectores involucrados.
Asimismo, reiteraron el pedido para que quede definitivamente archivado el proyecto de Optimización Productiva de merluza y manifestaron preocupación por futuras decisiones relacionadas con permisos, cuotas y asignaciones de recursos.
Tras el encuentro, las entidades informaron que el CFP manifestó su disposición a continuar analizando los temas planteados y avanzar en nuevas instancias de trabajo junto a los distintos actores de la actividad.
El reclamo fresquero vuelve a instalar una discusión de fondo sobre el futuro de la pesca argentina. La combinación de costos crecientes, presión impositiva, pérdida de competitividad y reducción del valor agregado aparece hoy como uno de los principales desafíos para una actividad que sostiene miles de puestos de trabajo y constituye un componente estratégico de la economía de numerosos puertos del país.
Para el sector, el momento exige pasar de los diagnósticos a las decisiones. El mensaje llevado al Consejo fue claro: sin medidas que permitan recomponer rentabilidad y previsibilidad, la continuidad de parte de la flota y de la estructura industrial asociada podría verse seriamente comprometida.
