El exsubsecretario de Pesca y actual representante bonaerense afirmó que el informe elaborado por el Director Nacional de Pesca presenta “serias inconsistencias tanto en lo conceptual como en la gestión de los recursos”, y se pronunció a favor de que la cuota sea devuelta para su posterior redistribución.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo para establecer la transferencia definitiva de cuota de merluza desde la flota fresquera hacia la congeladora generó un fuerte rechazo en el sector pesquero. Las críticas no solo apuntan a su legalidad —por una posible contradicción con la Ley Federal de Pesca— sino también a sus consecuencias operativas y económicas.
La iniciativa, que busca poner fin a la renovación de un esquema transitorio mediante el cual los buques fresqueros cedían cuota para su redistribución, es vista por distintos actores como una forma de institucionalizar una situación irregular. Además, limita a los titulares de cuota de la flota fresquera en el uso de ese recurso hasta el año 2039, lo que fue calificado por armadores como una medida extrema.
Desde la provincia de Buenos Aires, el rechazo fue inmediato. El exsubsecretario de Pesca y actual representante en el Consejo Federal Pesquero, Carlos Liberman, defendió el mecanismo vigente de devolución de cuota y cuestionó con dureza el proyecto oficial, así como el informe firmado por el director nacional de Pesca, Arturo Ydoyaga Molina.
Según explicó, la propuesta parte de un diagnóstico equivocado, ya que —sostuvo— la mayor parte de la cuota devuelta por la flota fresquera fue históricamente capturada por esa misma flota. Incluso remarcó que los buques congeladores solo accedían a ese recurso cuando no había pedidos por parte de fresqueros.
Liberman también subrayó que la posibilidad de devolver cuota permitió a muchas empresas volcarse a la pesca de langostino en momentos críticos, lo que resultó clave para sostener la actividad y preservar el empleo en tierra. En ese sentido, descartó que se haya tratado de decisiones arbitrarias: “No fue capricho, fue una estrategia de supervivencia empresarial”, planteó.
El exfuncionario consideró que, en lugar de impulsar una transferencia estructural hacia la flota congeladora, podrían haberse utilizado herramientas ya previstas en la normativa, como declarar transferencias de interés social dentro del propio segmento fresquero, sin generar perjuicios.
Además, advirtió que el esquema propuesto genera contradicciones de fondo: por un lado, impulsa el desplazamiento de la flota fresquera hacia el langostino, mientras que, por otro, se analiza avanzar en la cuotificación de esa especie, lo que podría dejar a ese segmento sin alternativas productivas.
En esa línea, sostuvo que la medida transitoria vigente permitió reducir la presión sobre la merluza en determinadas áreas y también sobre el variado costero, al tiempo que favoreció una administración más flexible del recurso.
Liberman fue categórico al señalar que el proyecto no resuelve problemas estructurales, sino que crea otros nuevos, al despojar a la flota fresquera de su principal activo. También recordó que los titulares de cuota no están obligados a capturar el total asignado, ya que la normativa establece un piso de explotación del 90%, por lo que el volumen no pescado no constituye una irregularidad.
Con estas críticas, el debate sobre la redistribución de cuotas vuelve a poner en tensión a los distintos segmentos de la industria, en un contexto donde la administración de los recursos y el equilibrio entre flotas se mantienen en el centro de la discusión.
